Una deuda pendiente.
Hace 30 años, un 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud, quitaba a la homosexualidad de la categoría de enfermedades mentales. Un hecho histórico para el colectivo de la diversidad, pero hoy a 30 años seguimos debatiendo sobre que mundo queremos.
En este momento, los datos que maneja el mundo sobre la condición de vida de las personas del colectivo LGBTIQ+ es alarmante, hoy en día siguen siendo objeto de violencia física y verbal, detenciones arbitrarias, violaciones correctivas y nuestros derechos todavía se siguen limitando. En alrededor de 70 países la homosexualidad es penada, incluso en varios de ellos con pena de muerte.
Dentro del colectivo, la comunidad trans es la más vulnerada por estos sistemas genocidas: su promedio de vida es de 35 años, no se garantiza el derecho a la salud ni al trabajo.
La comunidad LGBTIQ+ es parte de la sociedad en general, pasamos por todas las instituciones como la familia, la escuela, etc. Sin embargo es muy conocida la cantidad de jóvenes que sufren acosos y hasta abusos en éstos ámbitos, al punto de dejar los estudios por ejemplo. En nuestro país -pionero en derechos humanos- contamos con una ley de matrimonio igualitario, que concede la equiparación de derechos de las parejas del mismo sexo/género con las parejas heterosexuales y la ley de identidad de género, para garantizar el derecho irrebocable a la identidad. Sin embargo la vilencia no acaba: en lugares públicos y en espacios intrafamiliares, las personas del colectivo sufren mucha violencia.
Es importante entender que tenemos una deuda histórica con las disidencias, y con la comunidad trans en particular, y garantizar los derechos básicos a la vida, la salud y el trabajo. Despatologizar no alcanza, por eso seguimos en lucha por la plena implementación de la ley de educación sexual integral. La deuda es histórica y el estado es responsable, nunca más violencias, nunca más abusos.
