Un nuevo capítulo del lawfare.
Luego del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra CFK, una serie de expresiones de apoyo y en contra de la persecución mediática-judicial surgieron de todos los espacios del Frente de Todos. Pero quizá lo más importante haya sido la movilización espontánea de miles de personas en todo el país, hecho que marca un nuevo capítulo en la coyuntura nacional.
![](https://dardocabomedios.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/web-cristina-fernandez-saluda-balcon-senado-prensa-cfk-1024x683.jpg)
Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare), es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
Definición de lawfare según wikipedia.
El fiscal Diego Luciani, luego de 9 días de alegatos en los que las “tres toneladas de prueba” que decía tener terminaron resultando en débiles argumentos juríricos, pidió el lunes 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ese momento, era un capítulo más de la persecusión mediática y judicial a la que la vicepresidenta está sometida.
Pero la tensión fue escalando cada vez más y, cuando algunos pocos manifestantes anti-K fueron a repudiar a la dos veces presidenta a su casa del barrio Recoleta, fueron miles de militantes quienes los expulsaron y acompañaron a CFK en medio del escarmiento legal que sufre. Previo a esto cabe recordar que le fue negado su pedido de ampliación de la defensa ante las declaraciones del fiscal, quien introdujo nuevo material. Sin embargo, la negativa judicial no impidió que, desde su despacho en el congreso, Cristina Kirchner pronunciara un extenso discurso titulado “Derecho de defensa” en el que no sólo respondió a las acusasiones, sino que además acusó al sistema judicial de encubrir a los funcionarios y empresarios macristas.
Todos los sectores del Frente de Todos se encolumnaron, con más o menos entusiasmo, en la defensa de la vicepresidenta y mentora de la coalicion electoral. Pocas veces se ha visto al oficialismo completamente unido para apoyar temas tan trascendentales para la política nacional. También es cierto que la reacción de las bases generó presión en algunos sectores que preferirían mantenerse al margen de la defensa de Cristina. Pero son muchas las voces que aseguran que este puede ser el punto de partida para generar una nueva épica -algo que tanto le falta a este gobierno- y volver a movilizar a la militancia y al pueblo en general -hay incluso quienes hablan de un nuevo 17 de octubre-.
Pero, volviendo sobre el título de la nota, podemos observar que el avance del proceso de persecusión judicial contra las/os dirigentes populares a lo largo de toda latinoamérica parece no sólo no tener fin, sino que se recrudece cada vez más. La degradación institucional que genera el desbalance de la separación de poderes no sólo afecta a la superestructura política, sino también al común del pueblo. No sólo en Argentina hemos visto leyes, decretos o medidas ser detenidas por la justicia -generalmente medidas tendientes a favorecer los ingresos o las condiciones sociales de los sectores populares-, además de las reticencias de los propios funcionarios en la firma de documentos de gestión por temor a ser perseguidos.
También son miles los casos de personas comunes, sin responsabilidades políticas, que ven sus causas en la justicia demoradas, trabadas y muchas veces sufren reveses cuando afectan los intereses de sectores pudientes -por ejemplo, casos de violencia de género en los que se ven involucrados grandes empresarios, o sus parientes; o estafas en la venta de terrenos o autos donde quienes son víctimas acaban perdiéndolo todo, etc.-. Es necesaria una profunda revisión del sistema judicial, que pueda dar respuesta a las inconsistencias éticas y morales de la conducta de sus funcionarios, y que revise las instancias evaluativas y formativas de los mismos. De lo contrario, seguiremos asistiendo a un escenario desolador en el que sólo se salvan quienes pueden, dejando a un pueblo, sus dirigentes y sus luchas, sin capacidad de acción.