Resumen semanal: del 27/07 al 02/07.

Avanza la fabricación nacional de vacunas.

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, señaló que la semana próxima se estarían liberando 450 mil dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus para su aplicación en el país, si el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia aprueba las muestras enviadas del primer lote de producción local del inmunizante.
“Empezamos la producción la semana pasada, ya tenemos listo el primer lote con 450 mil dosis del primer componente; esta semana elaboramos 525 mil dosis también del primer componente y la semana que viene comenzamos con la producción del segundo componente”, dijo Marcelo Figueiras.

Alberto Fernández junto con Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond.

La planta de Richmond ubicada en la localidad bonaerense de Pilar realiza la formulación, filtrado y rellenado de viales (envasado), un complejo proceso técnico y científico con exigentes requerimientos de buenas prácticas de manufactura. Para realizar este proceso, el laboratorio recibe el principio activo de la vacuna elaborado en el Gamaleya.
La siguiente etapa consistirá en la producción completa de la vacuna en la nueva planta que el laboratorio se encuentra construyendo también en Pilar.
Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación informó la vacunación del mes de Junio que mostró un récord de llegada y aplicación de dosis. La lista detalla cuántas personas fueron inoculadas cada uno de los días que tiene el mes de junio: se alcanzó un promedio 8.410.643 aplicaciones y un promedio diario de 280.355.
Finalmente, llegarán al país otro vuelo con una nueva partida de vacunas. Con su llegada la Argentina logrará superar las 26 millones de dosis recibidas desde el inicio de los operativos para abastecer al plan nacional de inmunización contra el coronavirus.

Abren la inscripción a la vacunación para mayores de 35 años en provincia.

El Gobierno de la Provincia dio a conocer esta tarde a través de redes sociales, que “desde mañana jueves 1 de julio, estará abierta la inscripción para todas las personas de entre 35 y 39 años sin factores de riesgo que deseen recibir una dosis contra el COVID-19”.
Hasta ahora, los grupos convocados son:

  • mayores de 60 años,
  • personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo (con certificado médico),
  • mayores de 40 a 59 sin factores de riesgo,
  • embarazadas y madres en periodo de lactancia.

Por otra parte, un grupo de padres y madres lanzaron a nivel nacional una campaña para impulsar que todos los niños con patologías de base o con algún tipo de discapacidad, puedan recibir una aplicación de vacuna Pfizer. A través de una red denominada Vacuna_me buscan que los chicos de entre 12 y 18 años puedan recibir esta aplicación que ya tiene la aprobación del Anmat.


“Somos padres de distintas provincias que solicitamos a las autoridades nacionales que permitan el ingreso de la vacuna Pfizer porque todos somos mamás y papás con chicos menores de edad que padecen alguna patología de base o con algún tipo de discapacidad”

dijo Ariadna Reyes, mamá de Julián, un adolescente que padece atrofia muscular espinal.

En Tierra del Fuego prohibieron la cría de salmones.

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime este miércoles una ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia, una decisión que resulta histórica ya que se trata del primer país del mundo donde se legisla contra esta actividad nociva para el medio ambiente.
El proyecto fue presentado por el diputado provincial Pablo Villegas y apoyado por organizaciones ambientalistas locales y nacionales que impulsan la iniciativa desde 2018, cuando se empezó a debatir el posible establecimiento de salmoneras en el Canal de Beagle.

Green Peace Argentina se expresó al respecto a través de un comunicado “No se habían registrado, hasta el momento, antecedentes de legislaciones a nivel provincial o nacional en el mundo que protejan los ecosistemas de los daños de esta industria previo a comenzar con sus operaciones”.
En este sentido, la organización ecologista señaló que se trata de un “suceso que sienta un precedente histórico para el resto del país y el mundo” y que “de esta manera, Tierra del Fuego evita el desastre ambiental que pudo haber provocado la salmonicultura en el Canal de Beagle”. 

El gobierno oficializó la estatización de la Hidrovía durante un año.

El gobierno nacional oficializó el control estatal de la Hidrovía Paraguay-Paraná por los próximos 12 meses. Por ese período, la red fluvial que administra los peajes de navegación y exportación quedará en manos de la Administración General de Puertos (AGP) hasta que se inicie un proceso de concesión prolongada.
La medida fue tomada debido al vencimiento de la concesión del dragado y mantenimiento de la vía navegable del Río Paraná. Y la decisión de devolverle al Estado la responsabilidad del cobro de los cánones de la entrada y salida de mercancías transportadas por ese troncal fue anunciada hace días por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, sobre la base de una iniciativa del senador Jorge Taiana, que cuestionó la gestión privada que rigió durante los últimos 25 años.
Guerrera había adelantado que el período de un año sería un “tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad” como está sucediendo en la actualidad.
De esta forma, se cumple lo que Fernández había anticipado semanas atrás en una entrevista con Pedro Rosemblat. 

“Hoy en día lo que sería el peaje de la Hidrovía lo cobra el concesionario y después le rinde cuentas al Estado. Lo que podríamos hacer es cambiar esa regla: que el Estado cobre el peaje y después le pague al concesionario”

Ya tiene fecha el juicio por Lucas Caro.

El juicio por la muerte de Lucas Caro ya tiene fecha confirmada y se realizará los días 2, 3 y 4 de agosto. El hecho que se juzgará sucedió alrededor de las 23:30 del 27 de febrero de este año, en la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 9,800; cuando tras ser embestido por un automóvil conducido por Matías Vásquez, Caro perdió la vida.
El abogado querellante, Raúl Ochoa, señaló que “en anteriores audiencias quedó claro que la querella junto a Fiscalía queremos llegar a un fallo que responsabilice al señor Vásquez y la imposición de la pena”.

La máxima pena que se puede pedir en este tipo de casos es de 6 años. Sobre esto, el abogado dijo “no se trata de conformidad, sino de cumplimiento de la ley. La escala penal prevista para el suceso tiene como máximo 6 años y hay que ajustarse a lo que la norma dice. Si deja conforme o no deja conforme es una cuestión que la familia Caro tendrá que ver, pero la realidad es que la escala penal llega a 6 años”.

Nación oficializó el reintegro del 70% en tarjetas de débito para sectores vulnerables.

El Gobierno oficializó este jueves la actualización en un 70% del monto del reintegro a los consumos realizados con tarjeta de débito de los sectores de menores ingresos: las y los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, así como titulares de la AUH y la AUE. Con esta actualización, la devolución sobre las compras con tarjeta ascenderá para este segmento hasta 1200 pesos mensuales por beneficiario y para los titulares de la AUH con 2 o más hijos el monto máximo será de 2400 mensuales.

Los fondos reintegrados se acreditan en forma automática cuando las personas beneficiarias realizan sus compras con tarjeta de débito mientras que también están alcanzadas las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR). La medida favorece el acceso a servicios financieros y así permite coadyuvar a la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género.
El reintegro a sectores vulnerados fue creado por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva como una herramienta para apuntalar la demanda. El instrumento complementa distintas políticas implementadas por el Gobierno y representa un mecanismo adicional para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Regularizan deudas de gas.

El Gobierno estableció medidas para regularizar deudas en el servicio de gas.
Las prestadoras de gas por redes deberán otorgar un plan de facilidades de pago en 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas para cancelar las deudas que los usuarios y usuarias hayan contraído durante el plazo de vigencia del Decreto N° 311 de fecha 24 de marzo de 2020.

Las empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán suspender o cortar los servicios a determinados usuarios.
Los beneficiarios que pueden acceder al plan de facilidades son:
-Beneficiarios/as de AUH y la Asignación por Embarazo
-Beneficiarios/as de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil
-Inscriptos/as en el Régimen de Monotributo Social
-Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
-Monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.Quienes perciben seguro de desempleo
-Usuarios/as en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares
-Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza
-MiPyMES afectadas en la emergencia
-Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia.

JxC pide juicio político a Cristina y Alberto

Este martes 29, el diputado nacional de la UCR, Álvaro de Lamadrid junto con siete legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidente, Cristina Kirchner, “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
En el escrito, los diputados de JxC criticaron los DNU firmados por Fernández y los discursos del presidente y vicerpresidenta “contra el Poder Legislativo y Judicial, hechos graves que atentan contra el sistema de división de poderes que impera en la Argentina”.

En esa línea, apuntan directamente contra el proyecto de Ley de “Emergencia Covid” que presentó el oficialismo para determinar las restricciones de cada provincia mediante datos epidemiológicos. Los legisladores sostuvieron que el “proyecto de ley de nuevas restricciones es inconstitucional”.
Además de Álvaro de Lamadrid, acompañaron este pedido de juicio político los diputados nacionales Mónica Frade, Gonzalo del Cerro, Héctor Stefani, Federico Zamarbide, Pablo Torello y Francisco Sánchez.

A punto de caer la causa por el Plan Qunita

En el 2015, durante la gestión de la actual vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, se lanzó el “Plan Qunita” con el fin de reducir la mortalidad entre los sectores de menores recursos.
Este programa incluye el reparto de indumentaria para recién nacidos, porta bebe, bolso maternal, bolso cambiador y otros elementos de uso cotidiano.
El diseñador de estas cunas era Tiago Ares, un joven de 25 años. Comenzó este proyecto con voluntad propia al enterarse que la mayoría de las muertes infantiles no eran solo por desnutrición, si no por la falta de asistencia y la falta de recursos que tenían estos sectores.

Durante la gestión de Mauricio Macri, este plan se dió de baja y se armó una causa con el fundamento de “inflación de precios” e “inseguridad en el control de calidad”. Por lo cual estos kits, terminan en un depósito donde se gastan 900 mil pesos mensuales para su alquiler.
Claudio Bonadio, que por “sorteo” llega la causa a sus manos, imputa a distintos representantes de la gestión de CFK y ordena quemar estos kits. De esta manera se puso fin a la entrega de kits gracias al Poder Judicial y al Gobierno de MM.
La fiscal Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los acusados. Establece que no hubo perjuicio del estado (así lo determinaron dos pericias), detallo que no se direccionó la licitación y además, que el kit cumplía con el objetivo de lograr “un comienzo de vida equitativo”.

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