El Grupo de Lima, ¿para qué sirvió?

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El 24 de marzo de este año, en una fecha que contiene una gran carga simbólica para nuestro país, enclavada como Día Nacional de la Memoria, en referencia al hecho más oscuro de la vida política, social y humana de nuestra historia, la Argentina salió oficialmente del Grupo de Lima.

  • Grupo de Lima

¿De qué se trata este grupo?

El Grupo de Lima, es una instancia organizativa de relaciones internacionales a nivel regional, creada el 8 de agosto de 2017, con sede en la ciudad de Lima, Perú. Se trata de una mesa de resolución de conflictos, creada ad hoc para resolver la crisis venezolana, según sus términos, y compuesta inicialmente por doce países del continente, incluida la Argentina. Otros se agregaron posteriormente, como Bolivia, por iniciativa de la presidenta de facto Jenine Añez, a finales de 2019.

Su existencia se basa en la Declaración de Lima, que establece 16 puntos, en cuanto a sus prerrogativas, objetivos y premisas fundamentales, girando en torno a la condena a una supuesta ruptura del orden constitucional en Venezuela, al no ser reconocidas las autoridades constituidas por voto popular, encabezadas por Nicolás Maduro como presidente, a partir de las elecciones de mayo de 2018, posteriores al levantamiento del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, que dio inicio a una grave y prolongada crisis política e institucional. También se hace énfasis como repudio y en las acciones sancionatorias, ante el cometido de actos lesivos de los Derechos Humanos, comenzando por la reafirmación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, aprobada el ya mítico 11 de septiembre de 2001, cuando EEUU comenzó una ofensiva militar y política generalizada a escala global, bajo pretexto del peligro terrorista, evidenciado en el atentado del World Trade Center. Finalmente, se desgranan en diversas estipulaciones legales y diplomáticas, ligadas al objetivo de aislar, política y diplomáticamente a Venezuela de todos los ámbitos y acuerdos institucionales, financieros y comerciales, a nivel global. Pero, sobre todo, prima el objetivo de debilitar institucional y militarmente a Venezuela. Desde ya, surge sucedáneo, desde 2019 el objetivo de esta mesa de acción regional, del otorgamiento de legitimidad al gobierno autoproclamado de la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, el 11 de enero de 2019.

Empezamos por él. El abstracto gobierno de Juan Guaidó, como presidente “encargado”, se ampararía en una figura que existe en la Constitución Nacional de Venezuela, en su artículo 233, que prevé la posibilidad de designarse un interinato, a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, cuando el presidente electo se encuentre ausente por abandono, fallecimiento, o algún otro tipo de imposibilidad de ejercer sus funciones. Entre tanto se efectuasen nuevas elecciones, la figura de Presidente Encargado, existe, aunque contrasta en su respaldo legítimo, en esos términos, con el detentado por Guaidó, ante el hecho del resultado electoral de mayo de 2018, que consagró presidente a Nicolás Maduro, y la misma presencia pública ininterrumpida de Maduro en el Palacio de Miraflores.

Pero lo importante no es la capacidad o incapacidad de Guaidó, de ejercer la presidencia. Eso es algo que quedó descartado después del fracaso de los levantamientos armados, y las “guarimbas” promovidas desde el exterior. Ni siquiera el reconocimiento global de Guaidó es condición sine qua non, de un proceso resolutivo del conflicto (es reconocido principalmente por los países de la OTAN, y en Latinoamérica por Brasil, Paraguay; Uruguay; Colombia; Ecuador; Perú; Chile; Panamá; Guatemala; El Salvador; Honduras; Rep. Dominicana y Haití, siendo México neutral, y Argentina que reconoce a la Asamblea, más no a Guaidó). Lo importante detrás de Guaidó, y la legitimidad que se busca dar a su investidura autoproclamada, radica en la llave de la liberación de los fondos; el capital accionario y las cuentas bancarias del estado venezolano, todo de lo cual, se ha despojado al país caribeño.

Así es. En el fondo de todo, siempre y en todo lugar, las luchas tratan de la disputa por la riqueza. Los Derechos Humanos de los venezolanos, son lisa y llanamente excusas, pues la acción efectiva para arrebatar a Venezuela sus activos (algo que despoja al pueblo de sus recursos, y lo empobrece en forma abismal y consolidada hacia el futuro), ha sido inmediata y eficaz, en tanto que cualquier posibilidad de actuar, en forma genuina, para preservar los derechos humanos de los venezolanos, en caso de ser violentados por el gobierno de Maduro, parece quedar sólo en enunciados de repudio, y discursos grandilocuentes, que las derechas de todos los países integrantes del Grupo de Lima, utilizan para lavar sus imágenes públicas, ejerciendo la demagógica propaganda, que desplace la atención pública, de sus posiciones diplomáticas genuflexas, o los rumbos ruinosos de sus políticas económicas liberales, tan recurrentes, conocidas, y con consecuencias siempre tan previsibles.

Ya el 25 de enero de 2019, con solo 14 días de su autoproclamación, y más rápido que ligero, Guaidó fue “habilitado” por Washington a controlar las cuentas del estado venezolano, depositadas en la Reserva Federal de EEUU, estimadas en 340 millones de dólares. La forma discrecional con que las entidades financieras, con ayuda de la lapicera de Guaidó, utilizan esos fondos, retratan un despojo brutal, no a Nicolás Maduro, sino al estado venezolano, que no ve regresar un centavo de su dinero, de cuentas y acciones soberanas, desde hace ya tres años. Sin perjuicio de ello, también, como es previsible, fueron despojadas de sus cuentas, todas aquellas personas que sean acusadas discrecionalmente, de pertenecer o colaborar, con el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque en ese caso, se trata de sumas marginales, comparadas con los activos de un país, que se ha visto así, reducido a una economía minúscula, en comparación con lo que llegó a ser hasta 2018, y mucho menor a lo que fue hasta 2015, cuando empezó la caída de los precios del petróleo.

En 2015, la economía venezolana se medía en ingresos y PBI nominal, codo a codo con Argentina. Ese año, el PBI argentino alcanzaba los 594,7 millones de dólares y el venezolano 539,5, y tras la caída provocada por el atracador gobierno de Mauricio Macri, pese a todo el respaldo internacional que recibió, el PBI en 2019 cayó a 477,7 millones de dólares. Mientras que la crisis, entre los problemas estructurales de Venezuela (en gran parte debidos a la insuficiencia de sus políticas económicas, desde el punto de vista de la escasa política de diversificación), sumados a la caída de los precios del petróleo; el bloqueo efectivo, y la sustracción de sus capitales, le redujeron de forma vertiginosa a 76,4 millones de dólares (-85,8%), evidenciando, no ya una crisis, sino una verdadera catástrofe económica, que no obstante, para el Grupo de Lima, en ningún momento pareció ser la prioridad, sino más bien, un mal necesario, al que agravaron mediante un despiadado bloqueo, y el arrebato inmisericorde de sus recursos en el exterior.

Evidenciado esto: ¿Convenía, o era necesario, el derrocamiento de Maduro? ¿O su presencia como chivo expiatorio, servía para propósitos non sanctos de expolio financiero?

Suponiendo que el objetivo haya sido efectivamente la destitución, en realidad no se llegó a semejante objetivo, pese a la catástrofe; a los defectos y errores cometidos por el gobierno de Maduro. ¿Porqué? Por un lado, no existió la voluntad política, pero en mi tesitura, debo arrojar un detalle pocas veces mencionado. Sin pasar por alto la fidelidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, como condición necesaria en el contexto, para explicar la sobrevivencia del gobierno de Maduro, y un respaldo popular que, seguramente ha caído, pero sigue siendo suficiente para sostener al gobierno, la clave también radica, desde el punto de vista externo, en las capacidades adquiridas por Venezuela para defenderse de ataques exteriores. Como ejemplo emblemático, se da el sistema de misiles antiaéreo S-300, de origen ruso, capaz de interceptar misiles, desde tácticos, hasta IBCM (intercontinentales), y aeronaves de 4ta generación, constituyendo el dispositivo más avanzado en suelo latinoamericano, en este momento. Esto es demostrativo de una preparación que se remonta al gobierno de Hugo Chávez, y deja en claro, que cualquier intervención militar directa por parte de cualquier nación extranjera, incluyendo a EEUU (no dejando, ni en lo más mínimo, de ser posible), conllevaría costos en recursos y vidas, posiblemente muy superiores a los que ha significado, por ejemplo, la invasión a Irak en 2003: Un país que no tenía la más mínima oportunidad de ocasionar daños considerables a las unidades más avanzadas del ejército y la fuerza aérea estadounidense.

EEUU afronta sus campañas, bajo la tradición militar anglosajona de hacerlo siempre con una calculadora en la mano. Según el costo-beneficio, e intentando que la relación de fuerzas sea siempre, como mínimo, de 5 a 1, o de 10 a 1, en relación a capacidades humanas, logísticas y de poder de fuego: ¿Le habría sido rentable una incursión militar sobre Venezuela en esas condiciones? Evidentemente no… O no tanto. Pero sí le es mucho más barato, fácil y conveniente, mantener el enjambre operacional de las principales flotas, ejerciendo su poder disuasivo en Medio Oriente y alrededor de China, mientras en Latinoamérica, basta y sobra con aislar, y hacer agonizar a Venezuela, con la presión de un cordón de países vecinos, gobernados por lacayos, y presidentes sin carácter, coraje, ni escrúpulos, y mucho menos, genuina solidaridad con el pueblo venezolano, dispuestos siempre a dejarse llevar a control remoto desde Washington, sin remordimiento alguno. Las acciones que incluyen confrontaciones, protestas con elementos infiltrados, operaciones a través de redes sociales, presión económica y financiera, e incluso el caso extremo de enfrentamientos armados en zonas fronterizas para hostigar a un país y desestabilizarlo, se engloban en el concepto de “guerra híbrida”, que configura la modalidad de agresión imperialista, en reemplazo de aquella conocida como “guerra asimétrica”, entre ejércitos convencionales y organizaciones guerrilleras, para teatros del tercer mundo. Pero, como siempre sucede, con la modalidad que sea, el pueblo se lleva la peor parte, en un conflicto geopolítico, que los tiene de rehenes, y del que no obtiene, ni obtendrá una retribución, jamás.

Ahora bien, el triste recorrido del Grupo de Lima, y su respaldo a golpes de estado; su ceguera ante crímenes de varios gobiernos miembros; y la nula efectividad para promover una resolución de la catástrofe económica y humanitaria venezolana, deja a la Argentina en una posición incómoda, en relación a su continuidad en el organismo.

El gobierno argentino de Alberto Fernández ya ha definido su posición, votando favorablemente la iniciativa de Bachelet, en su condición de Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el informe sobre la situación venezolana, elaborado tras su visita al país, según el cual se contabilizaron 1.324 muertes, de las cuales 924 serían a manos de autoridades públicas, entre enero de 2019 y mayo de 2020, y entre ellas 38 ejecuciones de jóvenes, entre mayo de 2019 y mayo de 2020.

Pero siguiendo una línea diplomática coherente, la Argentina rechaza el bloqueo económico, reconociendo sus efectos negativos sobre el pueblo venezolano, que no resuelven en absoluto la conflictividad. Y mientras gobiernos como el de México, ya han resuelto reconocer al embajador venezolano oficial; el nuevo gobierno de Bolivia, a cargo de Luis Arce, ha declarado que “revisa con calma” su permanencia en el Grupo porque, los esfuerzos de su Gobierno “aún no sabe si son más útiles dentro o fuera del organismo”.

Entre tanto, la región comienza a recuperar procesos democráticos genuinos, ante la equidistancia de un EEUU demócrata, que vuelve sus ojos guerreristas a las fronteras rusas y al cerco sobre China, y el Grupo de Lima comienza a desdibujarse lentamente, como un armatoste arcaico. Sus fundamentos, desde el punto de vista humanitario, podrían ser moralmente aceptables si se basaren en una estrategia conjunta con la ONU, y el énfasis en atender a las necesidades del pueblo venezolano. Pero se contradicen brutalmente con sus otras premisas, que no hacen más que mantener una situación de hostilidad y conflicto, que agravan el cuadro, desde todos los puntos de vista. En fin, como toda iniciativa, que en el fondo encubre el negocio del petróleo y sus riquezas derivadas, acabó siendo un engaño, pagado con el hambre y la sangre de los humildes del continente.

El gobierno de Alberto Fernández, simplemente actuó, para dejar atrás una página turbia de las relaciones exteriores de la Argentina, que recuerda a la vieja Triple Alianza contra Paraguay en 1864, retomando ahora su rol diplomático histórico, de construir, y ayudar a construir la paz y las relaciones solidarias entre países, basadas, primero que nada, en la no injerencia sobre cuestiones internas de cada país. Tan es así, como que no se ha intervenido en los atroces conflictos de Chile, que se han saldado con 22 muertos, y más de 2.200 heridos, a manos del gobierno de Piñera, o el saldo de otros 22 muertos y 200 heridos por la represión en las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas por la dictadura de Añez, en Bolivia, a fines de 2019, por ejemplo. Todos casos que asemejan una especie de mal sueño, que se olvida fácilmente, y no parece haber sido necesario ni siquiera mencionarlos de forma simbólica en ningún foro.

En las relaciones internacionales, no hay “buenos” y “malos”. Ni el gobierno de Maduro debe tomarse necesariamente como un ejemplo de pureza moral, ni se deben quemar todas las naves de la coherencia interna, en las relaciones regionales, con tal de demostrar adherencia, a una cruzada patoteril para expiar culpas y estrechar lazos con potencias mundiales, que aún deben muchas explicaciones en relación a las persistentes injerencias, que han postergado económica, humana y socialmente, en forma sistemática a la región. La coherencia, es el valor más importante, de las relaciones internacionales, y, desde luego, en cada aspecto de la vida.

La línea diplomática argentina, persistente desde hace muchos años, y solo interrumpida por la dictadura de 1976, y el gobierno del cleptómano somnoliento, se halla estrechamente identificada con el rol que nuestro país pudo, orgullosamente, desempeñar desde la UNASUR, organismo de miras mucho más amplias, pragmáticas e inteligentes, que desde 2008 hasta 2015, actuó desactivando y pacificando, nada menos que siete conflictos en el continente (Como el de Ecuador y Colombia en 2010, que fue un verdadero casus belli), sin costo alguno en vidas; sin bloqueos económicos, y sin que ningún país haya tenido que movilizar un solo efectivo armado más, hacia las fronteras con un país vecino, para solucionarlo.

Si, es por acá.

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