El drama de las familias del B.° Altos del Este.

Las familias destinatarias de las 121 viviendas del Barrio Altos del Este, ex-programa Techo Digno, esperan hace más de 8 años su vivienda. Si bien algunas pocas han sido entregadas, estas se encuentran en una condición muy precaria y sigue el descontento.

En el año 2011, el SOYEM lanzó un programa para adquirir un lote destinado a todo aquel empleado municipal que no tuviera terrenos a su nombre y que estuvieran desamparados (madres solteras, jubilados o integrantes con alguna discapacidad). En 2012 se publicó un listado en el cuál aproximadamente 90 vecinos consiguieron el boleto de compraventa para un lote de 300mts. En la entrega de este boleto, comunicaron que estaban trabajando para llegar a nación y lograr un plan de viviendas en esos lotes, lo que se conoció como el programa Techo Digno.

Antonia García, vecina de las 121 viviendas, explicó a este medio que “hubo avances durante 2 años, pero en el 2015 se paralizaron las obras. En ese momento, íbamos pagando nuestro terreno con lo que nos descontaban del sueldo. Ahí nos enteramos que desapareció la plata”. Según la vecina, “había un avance del 70% de las viviendas, por lo que estábamos entusiasmados ya que solo faltaba un 30% para la terminación de nuestras casas.”

En el 2017, el IPPV de Río Negro intervino en la situación y anunció que los vecinos involucrados debían hacer los papeles de vuelta, lo que generó una nueva demora de un año más. A los vecinos se les pidió un certificado catastral a nivel provincial, lo cual género confusión debido a que los lotes ya estaban pagos.
“El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda nunca se comprometió con nosotros, siempre que había reuniones con el sindicato nos esquivaban las preguntas y no nos daban una fecha fija”, relataba Antonia García, vecina damnificada.

A pesar de todo, y luego de años de espera, el 16 de diciembre del 2020 se llamó a 46 adjudicatarios para firmar el acta de acuerdo donde los/as titulares se hacían responsables de sus viviendas. Allí se les indicó que la casa no tenía los servicios y una vez que les entreguen la llave, era responsabilidad de cada familia todo lo que suceda de allí en más.

“En nuestra zona no había alumbrado público, en Enero le rompieron la puerta y le robaron a una vecina. Pedimos que no saquen la valla que cubría parte de las viviendas pero el 11 de enero lo retiraron de todas formas. Luego de 3 meses, comenzaron a instalar el alumbrado público. Aparte, las casas no venían con artefactos (cocina, calefactores y termotanque). Cada familia tenía que comprar estos productos obligatoriamente, ya que si no eran nuevos, no te colocaban el gas. A su vez tenías que contratar a alguien para que coloque el gas y a un matriculado. Todo este costo, incluidos los artefactos y mano de obra ronda los $170.000 o tal vez más”

– Antonia, vecina de Altos del Este.

El llamado de firma de actas fue el 16 de diciembre y el 18 las entregas, y los vecinos/as aseguran que fue un proceso muy rápido y que el acta firmada no tenía costo.
García relató a este medio que pudieron dialogar con el integrante del Sindicato en la Secretaría de Acción Social, Omar Tomasini, quien “aseguró que las viviendas valían $2.500.000 por lo que nos iban a descontar el 20% del sueldo mensualmente al titular del lote.”

Sin embargo, la historia fue empeorando nuevamente cuando, en junio, le entregaron a 64 vecinos más las viviendas. Esta vez, el convenio de pago que las familias firmaron estipulaba que el valor de la casa era de $4.570.000, y que se descontaría el 20% del sueldo al grupo familiar; es decir, a todos los integrantes que vivan en la casa y tengan un trabajo en blanco se les descontará el mismo monto.

“Esta fue una medida que nos sorprendió. No solo nos habían aumentado 2 millones de pesos, si no que el señor Lozer, secretario general del SOYEM, le explicó a algunos vecinos que les iban a sacar el seguro de vida. En caso de que el titular de la vivienda fallezca, ese seguro que daba el IPPV cubría todas las cuotas impagas y la familia no se quedaba sin la vivienda. Es un derecho que nos sacaron, están desprotegiendo a nuestras familias en una pandemia donde nadie tiene la salud comprada. Todo esto sucedió bajo mucha presión, ya que si no firmabas no te entregaban la llave ni el legajo. Tampoco te daban tiempo para pensar ni ver las condiciones ya que no te entregaban una copia”, asegura Antonia.

Durante la transmisión de nuestro programa de radio “Cada Vez Más Cerca”, Brenda Morales, vecina damnificada del barrio Altos del Este, habló sobre la situación actual de los vecinos:

“Las casas tienen muchas falencias. Hay vecinos a los que se les inundó la casa. Se rompieron las paredes de durlock, faltan conexiones de electricidad. Te entregaban una planilla del IPPV que tenías que entregar en 5 días indicado las falencias, ¿cómo íbamos a saber si todo estaba en orden si no teníamos ni gas, ni agua? Las familias que recibieron sus viviendas en la segunda entrega, aún no tienen gas y están pasando frío. No hay manera de que puedan comprar sus artefactos inmediatamente.”

Hartos de esta situación, los vecinos comenzaron a organizarse para tener una respuesta. Fue así que recurrieron a la Defensoría del Pueblo para exponer su situación, citando a una mediación a la empresa Alusa S.A., al IPPV, al SOYEM y al Municipio, ya que, según denuncian, fueron los inspectores de la municipalidad fueron quienes certificaron cada casa entregada e ignoraron el mal estado en el que se encontraban.

“La reunión fue un desastre. El IPPV brilló por su ausencia, al igual que la municipalidad. Solo la empresa Oriente se presentó, que es la responsable de solo 5 viviendas de 121.
El representante del IPPV informó que estaba aislado, pero nunca designó a otro responsable para que asistiera a la reunión.” agregó García, vecina del barrio Altos del Este.

Los vecinos que actualmente se encuentran exigiendo mejores condiciones, destacan 3 puntos importantes: en primer lugar, que el precio de la vivienda sea de $2.500.000, el precio acordado hace años. Las familias denuncian que han contratado a un tasador que ha asegurado que el valor real de las viviendas, con el terreno, era ese.
Además, exigen que los pagos sean con chequera o boleta, de forma que cada vecino pueda arreglar sus cuotas y, de esa manera, poder cumplir con el pago.
Por último, los y las adjudicatarias piden el restablecimiento del seguro de vida en las viviendas. Esto para que los integrantes de la familia no queden desamparados y puedan hacerse cargo de la vivienda en caso de muerte del titular.

Luego de casi 9 años, estas familias siguen necesitando respuestas efectivas por parte del Estado y sus dirigentes. Las malas gestiones de diferentes actores han llevado a esta situación, y es entonces que las familias recurren a la organización comunitaria como única alternativa para reclamar y exigir sus derechos.